En Mendoza, el acceso a la vivienda digna está restringido para miles de familias. La oferta es escasa, el crédito inaccesible con los salarios promedios de nuestra provincia, el alquiler inseguro y las soluciones actuales, insuficientes. Esto genera inestabilidad, sobreendeudamiento y expulsión hacia zonas no urbanizadas sin servicios básicos.

Construcción de viviendas sociales municipales

Impulsar un plan provincial de viviendas sociales, ejecutado en conjunto con los municipios. Las unidades estarán destinadas a familias jóvenes, personas mayores, con discapacidad y sectores vulnerables.

Alquiler con aval estatal

Legislar un sistema de garantía estatal que permita a familias sin respaldo acceder a un alquiler formal y seguro, reduciendo la informalidad y el abuso.

Agencia Provincial Inmobiliaria (API)

Crear por ley un organismo descentralizado que urbanice, construya, licite y gestione viviendas. Esta agencia incorporará un Banco de Tierras provincial y una plataforma digital de acceso al hábitat.

Viviendas públicas en comodato para jubilados

Poner a disposición del programa viviendas del Estado para uso en comodato, garantizando seguridad habitacional a personas mayores sin propiedades.

Desarrollo urbano planificado

Modificar el Código de Edificación para limitar excepciones discrecionales, promover construcciones accesibles, sostenibles y coherentes con el entorno.

Incentivos a proyectos cooperativos y autogestionados

Impulsar beneficios fiscales y líneas de crédito específicas para iniciativas de vivienda cooperativa y autogestionada, con participación comunitaria.

Registro único de demanda habitacional

Crear un sistema público, digital y transparente de inscripción y prioridad de acceso, actualizado periódicamente y auditado por organizaciones independientes.

La educación en Mendoza continúa con un modelo obsoleto que profundiza desigualdades y no responde a los desafíos actuales ni a las necesidades de las juventudes. Faltan contenidos claves como educación emocional, financiera y ambiental, mientras miles de estudiantes abandonan por falta de acompañamiento, infraestructura y proyectos significativos. A esto se suma una deuda estructural con las y los jóvenes: no existen políticas que los escuchen, incluyan ni los proyecten como protagonistas del desarrollo provincial.

Educación emocional, biocéntrica, financiera y tecnológica

Proponemos una Ley de Educación Integral para el Futuro que incluya educación emocional y biocéntrica desde el nivel inicial, formación financiera y de economía doméstica según cada etapa, la incorporación progresiva de inteligencia artificial, pensamiento computacional y ética digital en todas las áreas, junto con una capacitación docente continua y obligatoria en estos contenidos.

Ley Provincial de Actividad Física Obligatoria

Establecer un mínimo de 6 horas semanales de educación física en todos los niveles educativos, con enfoque en salud preventiva, bienestar físico y deporte como herramienta social.

Revisión médica escolar obligatoria

Crear un sistema de chequeo médico anual integral en todas las escuelas públicas y privadas, incluyendo controles visuales, odontológicos, auditivos y de salud mental básica, con derivación a centros de salud.

Jardines maternales para madres estudiantes

Promover una ley provincial que garantice el acceso gratuito a jardines maternales en instituciones educativas secundarias y terciarias para madres estudiantes, a fin de prevenir la deserción educativa.

Programas de formación y participación juvenil

Impulsamos un Sistema de Becas de Pasantías Educativas que vincule a escuelas técnicas y secundarias con municipios y entes públicos, la creación de consejos juveniles consultivos en cada departamento y la participación obligatoria de las juventudes en proyectos legislativos sobre educación, salud mental, cultura, ambiente y empleo.

Educación alimentaria, salud y recreación

Planteamos la obligatoriedad de implementar programas de alimentación saludable y educación alimentaria en todos los niveles, junto con la inclusión de actividades artísticas, recreativas y de promoción de la salud como parte integral del currículum escolar.

El sistema de salud en Mendoza está fragmentado y desfinanciado: muchas familias no acceden a una cobertura de calidad, OSEP funciona sin transparencia y con deudas, y la atención primaria carece de recursos. A esto se suma la falta de una política real de prevención, mientras la salud emocional, comunitaria y ambiental siguen fuera de la agenda pública.

Sistema solidario y transparente de salud

Proponemos una Ley de Reforma del Sistema Provincial de Salud que garantice equidad, acceso universal y prevención, establezca la rendición pública y auditada de OSEP con participación de sus afiliados, y cree un Observatorio Ciudadano de Salud Pública para monitorear la calidad y disponibilidad de los servicios en hospitales y centros de salud.

Fortalecimiento de la atención primaria

Queremos priorizar el financiamiento y la ampliación de la red de centros de salud barriales con atención integral, incorporar la figura del paramédico comunitario para urgencias y apoyo en zonas vulnerables o rurales, e implementar un sistema de turnos digital unificado y accesible desde cualquier dispositivo.

Salud mental como prioridad legislativa

Proponemos garantizar la presencia de profesionales de salud mental en todos los hospitales y centros de salud, impulsar campañas permanentes de prevención del suicidio, adicciones y violencias, y crear un Programa Provincial de Primeros Auxilios Emocionales en instituciones públicas y educativas.

Hospital público veterinario

Impulsamos la creación de un hospital veterinario público y gratuito orientado a la atención primaria, castraciones y control poblacional, junto con programas de educación responsable sobre tenencia animal como parte de la salud comunitaria.

Acceso a medicamentos y tratamientos

Proponemos un Programa Provincial de Farmacias Sociales, en convenio con municipios y cooperativas, para garantizar medicamentos esenciales a precios justos, junto con la producción pública de fármacos de uso común mediante acuerdos con universidades y laboratorios estatales.

Personas en situación de calle

Proponemos la implementación de una legislación integral que garantice la prioridad en la atención sanitaria para las personas en situación de calle en todos los hospitales públicos de la provincia de Mendoza. Esta prioridad abarcará tanto consultas generales como especializadas, con el objetivo de reducir las barreras de acceso al sistema de salud y atender de manera inmediata las necesidades médicas de este grupo vulnerable.

Adicionalmente, impulsaremos la creación de un registro provincial unificado y accesible que permita identificar a estas personas y otorgarles de forma gratuita todos los certificados de identificación personal necesarios (DNI, certificados de supervivencia, entre otros), eximiéndolos del pago de tasas, aranceles o cualquier tipo de gravamen asociado mientras dure su condición.

En el ámbito financiero, proponemos que las entidades bancarias devuelvan automáticamente el IVA correspondiente a las compras realizadas por estas personas en medicamentos y productos de la canasta básica alimentaria, mediante la presentación de la identificación emitida por el registro provincial.

Por último, establecemos la provisión mensual y gratuita de medicamentos esenciales en los hospitales públicos, otorgando prioridad a las personas en situación de calle, asegurando así la continuidad de tratamientos y la prevención de complicaciones de salud derivadas de la falta de acceso oportuno a fármacos.

Estas medidas buscan promover la equidad, la inclusión social y el respeto a la dignidad de las personas en situación de calle, alineándose con principios de justicia social y derechos humanos.

Mendoza necesita un sistema de transporte público más eficiente y accesible: hoy las frecuencias son irregulares, los recorridos incompletos y muchas zonas rurales carecen de servicio, lo que incrementa la dependencia del automóvil con sus altos costos sociales y ambientales. Además, los subsidios son desiguales y no priorizan a quienes más lo necesitan, mientras que la infraestructura para movilidad activa sigue siendo insuficiente, fragmentada y mal planificada.

Reactivación de los trenes mendocinos

Proponemos, junto a Nación y los municipios, un plan progresivo de recuperación del tren de cercanías y regionales para conectar los principales polos urbanos de Mendoza. También proponemos una legislación que declare de utilidad pública los trazados y terrenos ferroviarios en desuso, y que la ciudadanía participe activamente en el diseño de rutas y estaciones.

Red de transporte público sin subsidios ineficientes

Impulsamos una auditoría legislativa del sistema de subsidios al transporte, eliminando intermediarios y garantizando una tarifa social directa para los usuarios frecuentes. Al mismo tiempo, planteamos la creación de una Red de Transporte Público Metropolitana, con planificación regional, servicios integrados y control ciudadano de la calidad.

Red semafórica inteligente y conectividad vial

Queremos una ley que obligue a todos los municipios a integrar sus semáforos y sistemas de señalización en una plataforma unificada con inteligencia artificial, capaz de optimizar el tránsito en tiempo real. Al mismo tiempo, promovemos un plan de mantenimiento y modernización de la infraestructura vial, tanto en zonas urbanas como rurales, bajo estándares actualizados de seguridad.

Movilidad sostenible y activa

Impulsamos incentivos y financiamiento para bicisendas, bici pública y estacionamientos seguros, junto con beneficios para el transporte eléctrico y de bajas emisiones. Además, promovemos una ley de accesibilidad que garantice veredas, rampas, paradas y espacios comunes adecuados para todos.

Tarifa justa y accesible

Proponemos la creación de un Boleto Provincial Gratuito para estudiantes, personal de salud y fuerzas de seguridad, financiado de manera mixta, y el lanzamiento de una Tarifa Integrada Multimodal que permita combinar distintos medios de transporte con una sola tarjeta o aplicación.

La seguridad ciudadana debe garantizar el pleno goce de derechos y libertades en un marco de convivencia democrática, inclusión y prevención. No alcanza con respuestas penales reactivas: se requieren políticas integrales que fortalezcan el bienestar social, la igualdad de oportunidades y la integración. En este marco, es clave la profesionalización y modernización de las fuerzas de seguridad, así como la transformación del sistema penitenciario, priorizando la capacitación, condiciones dignas y programas de reinserción, siempre bajo el respeto a los Derechos Humanos.

Creación y coordinación de fuerzas de seguridad de Mendoza

Impulsamos la creación de la Coordinación de Fuerzas de Seguridad en Mendoza para articular recursos provinciales y federales, con división de tareas que fortalezca la respuesta frente a delitos complejos como narcotráfico y trata de personas.

Certificado de antecedentes penales

El Servicio Penitenciario deberá otorgar, de manera obligatoria, un certificado complementario al Certificado de Antecedentes Penales, en el cual consten los logros alcanzados por la persona mientras se encontraba privada de su libertad.

Conformación de la comisión Bicameral de Seguridad

Conformamos la comisión Bicameral de Seguridad con el objetivo de ser intermediarios entre los vecinos de Mendoza y el ministerio de Seguridad en pos de poder llevar soluciones concretas a los hechos delictivos que se dan en la provincia.

Buscamos impulsar la generación de empleo formal apoyando a emprendedores y pymes, fortalecer emprendimientos productivos con políticas coordinadas, incorporar inteligencia artificial generativa como motor de productividad y promover un desarrollo económico sostenible basado en agricultura responsable, gestión del agua, biodiversidad y energías renovables.

Frente al deterioro ambiental, impulsamos una Ley de Emergencia Hídrica que regule el uso y fomente la eficiencia, un Programa de Municipios Verdes con incentivos locales, la creación de una Defensoría Ambiental Ciudadana, una Ley de Educación Ambiental Transversal con capacitación docente, el fomento de la economía circular con reciclado y reutilización de residuos, y la protección efectiva de ecosistemas clave, penalizando el desmonte ilegal y resguardando glaciares, humedales y acuíferos.

Para potenciar el vínculo entre cultura y turismo, proponemos una Ley de Fomento al Turismo Cultural y Comunitario con financiamiento para proyectos locales, un Programa de Infraestructura Cultural en Municipios que recupere espacios públicos, un sistema ágil de Mecenazgo y Patrocinio Cultural, la declaración del vino como bien cultural vivo con políticas de protección y difusión, y una estrategia de marca territorial que integre identidad, gastronomía y producción local.

El Estado mendocino sigue funcionando con lógicas antiguas, alejadas de la ciudadanía y sus necesidades, por eso proponemos una transformación integral basada en una Ley de Simplificación Administrativa que elimine trámites innecesarios y obligue a la interoperabilidad digital, un Presupuesto Participativo Digital Provincial para que la sociedad decida parte de la inversión pública, la reforma del régimen de concursos públicos con enfoque en capacidades y diversidad, la creación de un Sistema Único de Reclamos Ciudadanos integrado con los tres poderes y el fortalecimiento de un modelo de Gobierno Abierto con datos públicos accesibles, seguimiento legislativo y contratos transparentes.

En Mendoza, la protección de derechos fundamentales sigue siendo desigual, con obstáculos legales, culturales e institucionales que afectan a diversos grupos. Para superar esto, promovemos una ley que impulse la equidad para comunidades con identidades diversas, priorizando su integración laboral, el acceso integral a servicios de salud y la erradicación de violencias basadas en prejuicios, junto con un Programa Provincial de Capacitación Obligatoria en Derechos Humanos para funcionarios públicos, un Sistema de Reparación y Memoria para víctimas del terrorismo de Estado, una Ley de Acceso Equitativo a la Justicia con apoyo legal especializado y orientación comunitaria, y la instauración de un Observatorio de Discriminación y Violencias de distintos tipos con información pública y medidas específicas.

Las tareas de cuidado siguen recayendo de manera desigual y condicionan el desarrollo de miles de personas, especialmente mujeres. Para enfrentar esta realidad proponemos un Sistema Provincial de Cuidados que registre, forme y profesionalice a quienes realizan estas tareas, licencias igualitarias y no transferibles por maternidad, paternidad y cuidado, incentivos fiscales para empresas con políticas activas de conciliación laboral y familiar, la creación de centros de día y espacios de cuidados en barrios y municipios, y una Ley de Prevención y Asistencia Integral en casos de violencia intrafamiliar, con recursos concretos y dispositivos locales.

Mendoza posee un enorme potencial científico y tecnológico que aún no logra articularse plenamente con el desarrollo productivo y social, por lo que proponemos una Ley de Promoción de la Ciencia Abierta y Vinculación Territorial, un sistema de créditos e incentivos para la innovación en PYMES y cooperativas, la creación de un Fondo Provincial de Investigación Aplicada en conjunto con universidades y el CONICET, la incorporación obligatoria de evidencia científica en proyectos legislativos vinculados a salud, ambiente y educación, y el fortalecimiento de carreras estratégicas y formación en tecnologías emergentes con salida laboral.